* Y Abuso de Autoridad, Denuncian
Agencia MANL
Tecámac, Méx.- A las 9:00 a.m. de este domingo, la tranquila mañana en la privada Alanís, en la quinta sección de Villa del Real, se vio interrumpida por una escena dramática y caótica. Una veintena de policías municipales, acompañados por cargadores y personal del Juzgado Quinto de Ecatepec, con sede en Tecámac, llegó al número 16 para desalojar a la familia Jiménez Medina, quienes son miembros del Frente Mexiquense para una Vivienda Digna (FMVD).
El desalojo, que según los afectados fue una represalia política por las declaraciones de José Humbertus Pérez Espinoza contra Mariela Gutiérrez hace unos días, tal como les informaron los representantes del juzgado y las autoridades presentes, marcó un día de profunda conmoción para la familia.
Adriana Medina, una de las afectadas, mostró a los agentes y actuario, un amparo que, a pesar de estar en regla, fue desestimado. Los funcionarios y el representante del banco Scotiabank rechazaron el documento, e incluso uno de los representantes del juzgado impidió que Adriana cerrara la puerta, forzando la entrada al domicilio. La situación se volvió más angustiante cuando Magaly Jiménez, hija de Adriana, tuvo que despertar y evacuar apresuradamente a sus tres hermanos menores, quienes observaron con preocupación, cómo sus pertenencias fueron sacadas de la primera planta del hogar.
José Humbertus Pérez Espinoza, líder del FMVD, atribuye el desalojo a una represalia por sus recientes denuncias contra Mariela Gutiérrez Escalante, exalcaldesa de Tecámac y actual senadora electa por Morena. Pérez Espinoza acusó a Gutiérrez Escalante de estar involucrada en un "cártel inmobiliario" y de no haber tomado medidas contra las inmobiliarias durante su administración. En su opinión, el desalojo es una venganza orquestada por Gutiérrez Escalante en colaboración con el Magistrado Ricardo Sodi Cuellar, a quien Pérez Espinoza tacha de ser un "empleado y subordinado de bancos e inmobiliarias" y cómplice en desalojos ilegales.
La comunidad y miembros del FMVD no tardaron en mostrar su solidaridad con la familia Jiménez Medina, ayudando en la mudanza y expresando su indignación por lo que consideran un abuso de autoridad. Adriana Medina hizo un llamado urgente a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para que interviniera en el caso, denunciando que el desalojo se llevó a cabo de manera ilegal y exigiendo justicia para recuperar su patrimonio.
Por su parte, Arturo Pérez, miembro del FMVD, criticó la actuación de Gutiérrez Escalante y del magistrado Sodi Cuellar, acusándolos de traicionar los principios del obradorismo y de aliarse con intereses corruptos. Aseguró que el desalojo se realizó de manera ilegítima, utilizando procedimientos judiciales inapropiados.
En medio de un contexto de acusaciones de corrupción y abuso de poder, el caso de la familia Jiménez Medina continúa generando preocupación y debate sobre la legalidad y la ética de los procedimientos de desalojo en la región.
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